Blog RCJF - Nicaragua
Autor: Adelmo Sandino - Ieepp

Durante la última semana de agosto, la ciudad de Guatemala fue cede de la Conferencia Internacional “Tendencias en la construcción de una política fiscal para el desarrollo”, organizada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFALC).

Este fue un espacio de reflexión fascinante, por su fecunda a genda de expositores y exposiciones de primera línea,

pero más aún por el episodio memorable que protagonizó el pueblo guatemalteco con el paro nacional del pasado 27 de agosto y la posterior renuncia del primer mandatario acusado por corrupción, a escasos días de las elecciones presidenciales en ese país.

Sin lugar a dudas uno de los principales detonantes de la crisis política en Guatemala fueron las denuncias de actos de corrupción engendrados por una red de funcionarios y ejecutivos que abusaron de sus cargos en beneficio propio o de los intereses que representan, red conocida como “la línea”.


Casos como este, y tantos otros, son un vivido reflejo de la corrupción política sistémica que acosa a Centroamérica y a su frágil institucionalidad, cuyos Estados no raras veces sucumben ante los intereses corporativos domésticos y transnacionales y por el crimen organizado. Bajo este contexto cabe formular una pregunta inquietante: ¿es posible evitar que la corrupción en el resto de países de la región alcance proporciones similares al caso guatemalteco?       
Diferentes iniciativas regionales e internacionales buscan contrarrestar directa o indirectamente la corrupción del sector público, a través de la implementación de procesos presupuestarios transparentes, en el que las compras e inversiones públicas estén al alcance del escrutinio público, y en las que la ciudadanía tenga un rol participativo y beligerante en las fases del ciclo presupuestario.


Pero Centroamérica transita lenta y heterogéneamente por el camino de la transparencia presupuestaria. Así por ejemplo, la más reciente Encuesta de Presupuesto Abierto 2015, publicada por el International Budget Partnership revela sin excepción que todos los países del istmo brindan al público información presupuestaria limitada, mientras que las oportunidades de participación ciudadana es los procesos presupuestarios que brindan sus gobiernos es débil, y en unos esta debilidad es más marcada que en otros.


En los países en los que se experimentan modestos avances en el índice de transparencia presupuestaria (Costa Rica, El Salvador y Nicaragua), la vigilancia de los presupuestos, ejercida tanto por las legislaturas como por las entidades fiscalizadoras respectivas, reciben calificaciones muy diferenciadas en cuanto a criterios de alcance y calidad; y en aquellos países en los que el índice ha retrocedido (casos de Guatemala y Honduras), se ha disminuido la disponibilidad de informes presupuestarios claves para propiciar la participación ciudadana. 


No obstante, tal y como señala Daniel Kaufmann, en su artículo titulado “La corrupción importa”, publicado por la Revista Finanzas & Desarrollo en su edición de septiembre 2015, para afrontar la corrupción se precisa adoptar, además de los mecanismos antes señalados, un enfoque que modifique los incentivos sobre los que se alimenta corrupción; es decir, echar a andar reformas tendientes a fortalecer y darle mayor protagonismo al poder judicial (mejorando así el Estado de Derecho), establecer sistemas transparentes de financiamiento a los partidos políticos, la profesionalización del servicio civil con base en el mérito, y promover la transparencia y la rendición de cuentas.


Y precisamente en los aspectos antes señalados los retos son mayúsculos para la mayoría de países centroamericanos. Generar incentivos contra la corrupción, significará mejorar la calidad de nuestras políticas e instituciones.


En conclusión: para preservar y mejorar la gobernabilidad democrática en la región, no bastará con impulsar iniciativas encaminadas a transparentar y hacer participativos los procesos presupuestarios, se deberán impulsar cambios estructurales, modernizar nuestras democracias. Ciudadanos de Centroamérica, nos toca actuar en consecuencia!

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