Blog RCJF - El Salvador
Autor: Rommel Rodriguez - Funde

Desde que se agudizó la problemática de las finanzas públicas en El Salvador, expresada en un concomitante déficit fiscal promedio de 4.0% y un alza permanente de la deuda pública, hay partidos políticos, organizaciones sociales y tanques de pensamiento que han hecho un llamado urgente a las autoridades de gobierno para impulsar un ajuste fiscal, mediante una contención del gasto público que favorezca una reducción en la nómina de empleados, como también recortes en las compras gubernamentales.

Estos grupos destacan una y otra vez que el gobierno salvadoreño ha contado con recursos suficientes gracias a tres reformas tributarias acaecidas entre 2009 y 2014; reformas que le han proporcionado millones de dólares. En tal sentido, para los tales, estamos frente un caso clásico de despilfarro y mal manejo de los recursos por la falta de transparencia gubernamental.

Por otra parte, tenemos otras voces de la sociedad civil, las cuales en su mayoría son afines al gobierno del FMLN, que gustan mencionar los logros gubernamentales en lo referente al gasto social. Ciertamente en los últimos años, para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ha mejorado —aunque levemente— el gasto social y también se han reducido los niveles de desigualdad, gracias a las transferencias condicionadas que lleva a cabo el gobierno. Pero para el Ejecutivo y los grupos afines está claro que esto es insuficiente, pues hay que elevar los niveles de gasto, especialmente en los ámbitos de educación, salud y seguridad ciudadana, para atender el acumulado de demandas históricas que tiene el país. Por tanto, el nivel de tributación actual es insuficiente para atender el cúmulo de las necesidades más apremiantes de la población.

De manera interesante, a esta última postura en sintonía con el gobierno salvadoreño se le ha añadido en los últimos años un discurso refinado que ha sido expuesto por las autoridades del Banco Central de Reserva de El Salvador. Desde esta perspectiva, la sostenibilidad fiscal no es tan importante como destacan algunos sectores de la sociedad, sino lo relevante en última instancia es impulsar el crecimiento inclusivo. Esta visión sostiene que el contexto de una economía dolarizada –como la de El Salvador– los déficits fiscales y las deudas son variables endógenas que los gobiernos pueden hacer poco o nada para controlar, por lo que las propuestas orientadas a promover el control de las finanzas públicas mediante reglas fiscales o leyes de responsabilidad fiscal, resultan inadecuadas.

Desde esta perspectiva, parece ser que la política fiscal es una especie de “caja negra”, según la cual los resultados fiscales expresados en el déficit y la deuda vienen dados por el desempeño macroeconómico y las características particulares de la economía, antes que de la buena o mala gestión de la política fiscal. De ahí su relativa desvalorización a los mecanismos técnicos, legales o institucionales que estén orientados a mejorar la gestión de las finanzas públicas. Así las cosas, parece ser que el presupuesto –considerado como uno de los principales instrumentos para gestionar la política fiscal del país— es poco relevante en la conformación de los resultados fiscales.

No obstante, cuando se analiza en detalle el presupuesto estatal y se identifican una serie de inconsistencias en el proceso de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación, es difícil concebir que tales inconsistencias no tengan un efecto directo en la conformación del déficit fiscal y el endeudamiento público. Por ejemplo, presupuestos elaborados sobre proyecciones económicas de crecimiento demasiado optimistas tienen una incidencia en la sobreestimación de la recaudación tributaria, y como contrapartida, es licencia para elevar el gasto público, y así mantener el requerido equilibrio presupuestario que demanda la Constitución de El Salvador, aún cuando sea un “equilibrio artificial” sobre la base de estimaciones de recaudación no siempre adecuadas. En la mayoría de los casos, esto se traduce un mayor déficit fiscal con respecto al estimado en los proyecto de presupuesto; por ello no resulta conveniente decir que los resultados fiscales son variables que los gobiernos no pueden controlar, cuando parte de tales resultados dependen de buenas decisiones y estimaciones económicas.

Así las cosas, y visto desde una perspectiva más amplia, la sostenibilidad fiscal es importante, pero no aquella visión que se establece en el sentido restringido del término, la cual aduce únicamente al ajuste fiscal para el control del déficit y la deuda pública, y que promociona especialmente los recortes del gasto público; sino aquella concepción más amplia de sostenibilidad que analiza las finanzas públicas en el largo plazo y que, en virtud de ello, reconoce que el papel del presupuesto y el gasto público social, especialmente el relacionado en los ámbitos de educación y salud, son determinantes del crecimiento económico y sobre todo el bienestar social. En esta perspectiva más amplia de sostenibilidad fiscal, problemas como la baja recaudación, la poca productividad de impuestos y el inadecuado manejo de los empréstitos públicos son importantes problemas que los gobiernos deben atender, pues determinan los resultados fiscales y no son meros resultados del entorno macroeconómico.

La sostenibilidad fiscal, en el entendido que no se reduce al logro de la solvencia financiera, sino también al aseguramiento en el cumplimiento de los compromisos sociales (como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas) y de inversión pública, debería posibilitar el cumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales y la positivización de tales derechos mediante instituciones públicas que favorecen el bienestar social.

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